La baja de la carga tributaria a las empresas demorará años. En el Gobierno ya hablan de un “Plan Quinquenal” para aplicarla. Reaparece un fantasma: el impuesto a la herencia.

La frase partió de uno de los referentes del equipo económico de la provincia de Buenos Aires: “Vamos a hacer un esfuerzo el año que viene por el lado de Ingresos Brutos. Pero no hay que esperar mucho, porque la realidad es que no nos da el cuero para bajar impuestos”. La postura es casi unánime a lo largo y ancho del país. Los principales gobernadores ya le han comunicado a la Casa Rosada que no quieren ser ellos la variable de ajuste de la famosa reforma tributaria. Sencillamente la superpoblación de empleo público que hay que mantener vuelven prácticamente inviable cualquier ejercicio de reducción impositiva.

También el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, reconoció que no es mucho lo que hay que esperar, aún siendo el distrito más rico del país: “Nosotros acabamos de bajar del 7% a 1,5% Ingresos Brutos para los créditos hipotecarios y tenemos exenciones por ejemplo en el distrito tecnológico de Parque Patricios y otras zonas, más no podemos hacer”.

Según el cronograma trazado por el ministerio de Hacienda, este mes la idea es elevarle al Presidente Mauricio Macri una propuesta de reforma tributaria para que sea analizada en el Ejecutivo y que se discuta el año que viene en el Congreso. Y si bien no se conocen los pormenores, los adelantos que se van filtrando no son muy alentadores. En los pasillos de Hacienda se habla más bien de una suerte de “Plan Quinquenal” para cualquier cambio en materia impositiva. “Nada de lo que definamos será de aplicación inmediata, sino que se irá aplicando en forma gradual en los próximos años hasta llegar al objetivo propuesto”, explican.

El objetivo de sacar impuestos distorsivos que alienten la producción es sin duda muy loable. Lo complicado es en todo caso el momento elegido: justo el año próximo el Gobierno deberá hacer un gran esfuerzo fiscal para cumplir con la meta de déficit. Del 4,5% de rojo primario este año (porque hay 0,3% que se recaudó con el blanqueo que no cuentan para el próximo) habrá que bajar a 3,2%. Un reducción que no tiene antecedentes en los últimos años. Sólo fue posible salir del déficit al superávit fiscal tras el estallido de la Convertibilidad y una megadevaluación que llevó al dólar de 1 a 4 pesos. Las retenciones al campo permitieron un salto de la recaudación inédito a partir de 2002. Al déficit primario hay que agregarle otros 2,5% del PBI por el pago de intereses de la deuda y al menos otro 1% por el rojo provincial, con lo que llega en total a 8% del PBI, son contar los 2% de déficit cuasifiscal del Central por la mega colocación de Lebac.

En la mira oficial hay dos impuestos. Uno es Ingresos Brutos, sumamente distorsivo de la actividad, ya que se va aplicando en las distintas etapas de la producción. Además, casi todas las provincias lo cobran reteniendo en el banco cada vez que se efectúa un depósito. “En el kirchnerismo hubo populismo fiscal. Se fue elevando este gravamen mientras quedaba retrasado el impuesto inmobiliario, que es muy sensible para las familias”, se quejan en el Gobierno nacional.

El otro es el impuesto al cheque. La intención es que de a poco se extienda el beneficio que hoy tienen las PYME al resto de las empresas. Esto es que permitan tomar el 100% del pago de este gravamen a cuenta de Ganancias, un beneficio que hoy ya aprovechan más de 200.000 pequeñas y medianas compañías. Pero, nuevamente, el gradualismo en la aplicación será la norma. El titular de AFIP, Alberto Abad, se desespera cuando le tocan el tema: “Es obvio que el impuesto al cheque es distorsivo pero hoy es el tercero qué más recauda. Si lo quieren sacar por favor que me digan por cuál lo piensan reemplazar”

En el fondo, lo que aún resulta imposible de destrabar es cómo lograr al mismo tiempo bajar el déficit fiscal y reducir impuestos. Una alquimia imposible, pese a que el sector productivo pide a gritos una disminución de la presión impositiva. El trabajo que presentó Hacienda ante la comisión bicameral del Congreso fue una verdadera confesión de parte: la Argentina tiene los impuestos más altos del mundo. Cobra 35% de Ganancias a las empresas cuando en el mundo el promedio está entre el 22 y 24%. El IVA es del 21% contra 15% en el promedio internacional y lo mismo sucede con los aportes patronales. Pretender que vengan inversiones del exterior en este contexto suena casi a fantasía.

El “fantasma” que sobrevuela en la discusión es la creación de nuevos gravámenes como el impuesto a la herencia, que ya se aplica en algunos distritos como la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos. Pero sería una opción para aquellas provincias que se vean forzadas a bajar algún impuesto que traba la producción, reemplazándolo por otro de tipo patrimonial.

Ante este peligro, la organización del patrimonio familiar tras el blanqueo es uno de los servicios más exitosos que ofrecen los contadores en los últimos meses. Un esquema es apurar las donaciones de padres a hijos o armar fideicomisos donde entran todos los bienes familiares, con el objetivo de que no sea posible gravar la sucesión. La disminución de Bienes Personales desde 1,5% hasta 0,25% en 2018 alienta esos temores. No será propuesto por el Ejecutivo, pero tranquilamente puede ser un tema que aparezca ni bien arranque la discusión legislativa y los intereses de las provincias.

Más allá de la baja de impuestos, el plan de Dujovne para cumplir con la reducción del déficit es sobre todo limitar la suba del gasto. “Este año, el gasto público por primera vez en doce años va a caer 1,5% a 2% en relación al PBI”, asegura el ministro.

Pero para que eso se sostenga en el tiempo será imprescindible que el sector privado aporte lo suyo. Un aspecto clave es que aparezca una mayor colaboración para la obra pública. En los próximos meses comenzarán las licitaciones para que sean los privados los que se hacen cargo de la construcción de rutas, cárceles o puertos. Luego cobrarían el cánon por parte del Estado correspondiente a lo largo de los años, o bien peajes.

El modelo de participación público-privado es exitoso en muchos países de América latina y, por ejemplo, en Inglaterra. Pero implementarlo en un país de alto riesgo jurídico como la Argentina es todo un desafío. Si los privados invierten, entonces se reduce la necesidad de gasto en infraestructura del sector público. De lo contrario, o habrá menos obras o será imposible reducir el déficit.

Existe, sin embargo, una salida virtuosa para este verdadero laberinto: que más gente y más empresas paguen impuestos, reduciendo la alícuota de los distintos gravámenes. Pero para eso es necesario atacar fenómenos como la evasión y la informalidad. También avanzar sobre la eliminación de exenciones que gozan algunos sectores privilegiados, algo que también está en la hoja de ruta oficial.

FUENTE: INFOBAE (BUENOS AIRES) – POR PABLO WENDE