El Ejecutivo propone que el impuesto a los combustibles dejen de ser una suma fija que se ajusta por inflación y se convierta en un porcentaje del precio.

Como parte del reacomodamiento de los precios energéticos el Gobierno decidió que los impuestos que gravan los combustibles dejen de ser una suma fija que se ajusta por inflación. En el momento inicial este cambio tributario podría moderar la previsible suba que tendrán en los próximos meses la nafta y el gasoil, aunque con el riesgo de potenciar los precios en el surtidor en el futuro.

La norma en gestación para que esos gravámenes vuelvan a ser un porcentaje también implicaría más presión fiscal sobre las naftas que sobre el gasoil y sobre los carburantes “verdes”, identificados como Premium, que el resto.

El ITCL y el Impuesto al Carbono son gravámenes específicos que se aplican sobre el valor a la salida de la refinería y hoy tienen la forma de una suma fija que debe actualizarse trimestralmente por el Indice de Precios al Consumidor.

En su afán de frenar la inflación, Economía congeló el monto de esos tributos desde julio pasado hasta junio de este año y la cuestión es definir ahora qué derrotero seguirán en pocas semanas, cuando pierda vigencia ese freno.

Si se desfreezaran hoy, esos impuestos tendrían que subir un 51%. Pero si se aplicaran las alícuotas proyectadas por la Nación ese salto podría atenuarse a un 25% promedio, con distinto impacto según la clase de producto.

En este momento equivalen a $17 por litro en las naftas y $12 en el caso del gasoil. Si se actualizaran por inflación, subirían a $26 y $18,5, respectivamente.

Si subieran según los porcentajes proyectados el salto sería un poco menor: hasta $21 y $15. La gran incógnita a despejar es qué ocurrirá a partir de este momento, lo que equivale a definir qué pasará en el país con el precio del petróleo, insumo base.

El retoque formará parte de una serie de cambios impositivos que afectan a toda la industria y que Economía intentaría instrumentar a partir de una ley. Pero si las dificultades políticas en el Parlamento no permiten alumbrarla, evalúa hacerlo a través de un decreto de necesidad y urgencia, similar camino legal que el previsto para el Presupuesto de este año.

Esa iniciativa en gestación promete resolver cuestiones clave incluidas en el rechazado proyecto de presupuesto 2022 y en el de promoción de actividades en hidrocarburos que hace meses está en el Congreso sin conseguir tratamiento.

Entre ellas, la posibilidad de que YPF compense quebrantos pasados con lo que debería transferir al Tesoro del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles Líquidos. Millonario bálsamo para las cuentas de la principal petrolera que opera en el mercado local.

Según el proyecto oficial, la alícuota para gravar las naftas sería del 41,9% y para el gasoil del 25,5 %. Pero como están exceptuados los carburantes que se comercializan en la Patagonia y los biocombustibles, a juicio de los promotores de la iniciativa el promedio estaría bastante por debajo de esos porcentajes.

El ITCL y el impuesto al CO2 fueron convertidos en suma fija ajustable por precios minoristas durante el gobierno anterior, con el presunto fin de desacoplar lo que ocurre en los surtidores locales del precio del petróleo en el mundo, a decir de Daniel Redondo, ex secretario de Planeamiento de Energía durante la presidencia de Mauricio Macri.

Cuestión de precios

El maridaje o divorcio de los precios locales y los internacionales es siempre una cuestión polémica y poco lineal.

Según un estudio de Ecolatina, durante el último año los combustibles en el Area Metropolitana aumentaron entre un 10 y 15% en dólares, de acuerdo al producto y calidad. En ese mismo lapso, el Brent (clase de crudo que se toma como referencia en Argentina) subió 60% en moneda dura. Hay de hecho un divorcio que, en este momento de altos precios internacionales, ayuda a contener los valores locales.

El crudo hoy cotiza apenas por arriba de US$60 en Argentina pero supera los US$100 en un mundo perturbado, entre otros factores, por la guerra europea. De ahí el afán de las petroleras que operan localmente de tener libertad para exportar y libre disponibilidad de las divisas que obtengan.

Hay nuevas reglas previstas en ese sentido en el extenso proyecto de ley de más de 100 artículos que el Poder Ejecutivo envió al Congreso hace meses para promover la actividad en el sector, pero que las tensiones entre los bloques partidarios y en el seno del propio oficialismo impidió tratar en recinto.

A esta altura los productores prefieren algunas normas específicas que apuntalen su negocio a una extensa ley que no termina de sancionarse. Y el ministerio de Martín Guzmán sabe hay algunas cuestiones tributarias que no pueden esperar, de ahí el compendio de poco más de 30 artículos que se bosquejó para facilitar la discusión parlamentaria o fundar un DNU.

Los precios de los combustibles locales son libres desde el punto de vista formal. Sin embargo, el derrotero (siempre ascendente) en los surtidores resulta de acuerdos no escritos entre las empresas que producen y refinan y de normas estatales que los moldean.

No hay un “sendero de precios”, como reclamó públicamente Teófilo Lacroze, CEO de Raizen, que opera la marca Shell. Algo que daría mayor previsibilidad a la industria, hoy más sujeta a decisiones políticas en las que YPF juega un papel neurálgico como líder del mercado.

Su presidente, Pablo González, se manifestó públicamente a favor de que aquellos tributos sean un porcentaje y no una suma fija atada al vertiginoso ascenso del IPC. Las naftas y el gasoil también inciden en los costos de actividades sensibles como el transporte y en plena explosión inflacionaria contenerlos es un objetivo oficial ineludible.

Pero no son demasiados los recursos estatales para activar el freno. Si limita mucho el precio del petróleo, declinan las inversiones. Si el Ejecutivo recorta más impuestos –al llenar el tanque también se pagan IVA e Ingresos Brutos—cae la recaudación que necesita desesperadamente reforzar.

Otro de los retoques fiscales previstos en un nuevo proyecto tributario para el sector que busca ver la luz será eximir de impuestos al gasoil importado, del que el país tiene que echar mano por la escasez de otros productos energéticos imprescindibles.

Este carburante líquido se compra en el exterior para hacer funcionar usinas, ya que el gas local no alcanza en épocas de mucha demanda. Pero tampoco alcanza el petróleo necesario para refinar, punto vidrioso en la relación entre productoras y refinadoras.

Si las firmas que no producen crudo tienen que salir a comprarlo afuera, deben afrontar precios más altos que luego no pueden trasladar al surtidor. Y ahí se genera uno de los entredichos empresarios más comunes de los últimos tiempos, que también involucra al gobierno de turno: las refinadoras acusan a productoras que sí consiguen permisos de exportación de vender afuera cuando el mercado interno no está satisfecho.

Otra de las pujas en este intrincado mapa de intereses públicos y privados que definen cuánto cuesta llenar un tanque hoy y cuánto costará en pocas semanas.

Fuente: CLARIN